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lunes, 22 de junio de 2015

Lo que hoy está en juego es el destino de la sociedad cubana en la era digital y la economía de conocimiento en un mundo globalizado: Juan Antonio Blanco

Los promotores del 17 D prefieren ignorar todo dato que ponga en duda lo acertado de la línea trazada. Cualquier asomo de enfoque crítico es ripostado con pasional vehemencia. Pero algunos hechos son tercos.

Uno es que el Gobierno cubano, hasta el presente, no ha permitido a los emprendedores aprovechar la oferta de comercio directo y facilidades de todo tipo que ahora les ha ofrecido EEUU.

Ese sector no-estatal no está cubierto por las sanciones del embargo, porque antes simplemente no existía. Las sanciones están por definición dirigidas  contra la economía estatal cubana, que entonces era casi el 100%. El presidente Obama hizo uso de esa realidad para tender un puente favorable al desarrollo del sector no estatal. ¡Muy bien! El problema es que La Habana solo está interesada en aprovechar el momento psicológico actual para atraer inversionistas y créditos hacia la economía estatal, en especial hacia aquel segmento (casi un 70%) controlado directamente por los militares.

Por su parte, la prensa internacional, por lo general, prefiere destacar en sus titulares cada delegación de empresarios que viaja a reunirse con el Gobierno cubano, antes que monitorear si han sido levantadas las restricciones internas al sector no estatal para que pueda beneficiarse del 17 D.

El otro hecho inconveniente es que desde el 17 D se han multiplicado las salidas legales e ilegales del país. En una sociedad "estable", pero sin alternativas de prosperidad, la única que existe es irse a otra parte. La mayoría de los cubanos apoyan los pasos de Obama, pero al transcurrir los meses corroboran que los cambios internos positivos que su nueva política hacia Cuba puede potencialmente facilitar, no se materializan. Lo impide el bloqueo… del Partido Comunista.

La motivación real detrás del 17D, ubicada en el marco de la seguridad nacional, pudiera también frustrarse. La pretendida política de estabilización puede terminar incentivando la desestabilización. La causa de ese problema radica en su falsa premisa: la raíz de la inestabilidad interna no es el embargo estadounidense. Lo que hoy potencia el éxodo interno e internacional y empuja gradualmente a sectores de la población a involucrarse en actividades delictivas para subsistir es el bloqueo —férreo y persistente— del Gobierno cubano a las capacidades creativas de la ciudadanía al coartar sus libertades básicas.  Prevenir una crisis de envergadura en la Isla no se logra consolidando el régimen de gobernabilidad existente porque es de él que emana el caos.

El primer paso en una dirección más prometedora podría ser la incorporación de la receta de Raúl Castro al ritmo del deshielo estadounidense: "Sin pausa, pero sin prisa".

No sería descabellado que los legisladores estadounidenses acordasen una "pausa" a las concesiones unilaterales de Washington para dar un margen de tiempo a que sean correspondidas por La Habana. Es hora de que usen el espacio que el 17 D ha creado para que permitan al pueblo cubano beneficiarse de él. No se trataría de reclamar concesiones de Cuba hacia EEUU sino hacia los ciudadanos cubanos y que coinciden con los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que ya ha suscrito ese gobierno.

Antes de dar nuevos pasos por el lado estadounidense, el Gobierno cubano debería iniciar otros en asuntos tales como permitir, al igual que a los inversionistas extranjeros, la participación de los cubanos y su diáspora  en todos los sectores de la economía nacional y que el sector no estatal de la Isla pueda comerciar y sostener transacciones económicas directas con EEUU, lo cual ya ha sido autorizado por el lado estadounidense. Otras cuatro demandas no menos importantes serían, autorizar y facilitar el pleno acceso ciudadano a Internet (indispensable para el desarrollo económico en la era digital), garantizar la libertad de movimiento nacional e internacional de todos los cubanos (a cientos de miles se les sigue negando la entrada al país mientras que a unos dos millones se les restringe a un permiso de visita con tiempo limitado) y respetar la libertad de creación y expresión. En lógica consecuencia con ello, debería también poner fin a la violencia política y detenciones arbitrarias contra disidentes y opositores.

Si el Gobierno cubano insiste en que antes de considerar siquiera uno de esos pasos se debe levantar el embargo a la economía estatal puede respondérsele que tiene en sus manos una solución inmediata para eliminarlo. Toda empresa que fuese traspasada al sector no estatal de la economía quedaría automáticamente fuera de las sanciones económicas vigentes ya que ellas fueron desde un inicio dirigidas contra el sector estatal. En otras palabras: la clave y el ritmo del cese de las sanciones estadounidenses a las empresas cubanas radicaría en la voluntad reformista real del Gobierno en la Isla. En esas circunstancias, podría decírsele a aquellos que desean que el embargo termine que eso ya es técnicamente posible, pero deben dirigir sus demandas a La Habana, no al Congreso de EEUU. Es allí donde deben ejercer su presión.

Pero como nadie es tonto, el proceso de privatización tendría que realizarse en primera instancia a favor de quienes trabajan en esas instituciones aunque ellos podrían luego vender sus acciones si así lo desearan. Esa política haría difícil encubrir una arbitraria "piñata" cubana en favor de los militares y miembros de la elite de poder que un decreto de simple privatización facilitaría. El tema de las indemnizaciones a propiedades estadounidenses confiscadas sin compensación podría dársele solución con fondos especiales creados a ese fin y/o haciéndolos accionistas principales de sus antiguas empresas si aun existieran y eventualmente tuvieran todavía interés en ellas. 

Lo que hoy está en juego es el destino de la sociedad cubana en la era digital y la economía de conocimiento en un mundo globalizado. No solo está en juego el destino de las generaciones presentes, sino la pobreza o prosperidad de las futuras.

Ese es un tema demasiado sensible para ser delegado a actores extranjeros que —con entera justicia— lo han de enfocar desde su propia óptica e intereses nacionales. Algunas de sus decisiones pueden contribuir a estabilizar y consolidar un proceso de transformaciones hacia un régimen de Capitalismo Militar de Estado. El pueblo cubano no ha sido ni va  ser consultado acerca de si esa opción, ultimada entre actores foráneos y la elite de poder cubana, es la que realmente anhela. Pero el enfoque elitista, opaco y no democrático, del proceso de decisiones sobre el porvenir nacional ha sido una constante compartida en este proceso de negociaciones por los dirigentes cubanos y sus interlocutores. 

El Gobierno cubano lleva más de medio siglo conversando y negociando asuntos que afectan a ese país exclusivamente con interlocutores extranjeros. El verdadero debate sobre el futuro de Cuba debe trasladarse de Washington y Bruselas a la Isla. Los interlocutores deben ser todos cubanos. Ya es hora. Lo que esa nación merece y requiere es poder sostener su propio debate nacional —incluyente, libre y pluralista— para decidir sus opciones y labrarse por sí misma el porvenir.

El papel más prometedor  que pudieran asumir hoy los gobiernos extranjeros y el propio Papa Francisco es  contribuir de manera creativa a que los cubanos —sin mordazas y en igualdad de condiciones— puedan finalmente dar inicio a ese diálogo nacional. El lugar para hacer esa contribución es La Habana. Allí están los principales actores de este conflicto endógeno del que la URSS, EEUU y Venezuela han sido las principales expresiones externas de su internacionalización.




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