Tras
pasar dos años viviendo en el anonimato en Miami, el ex jefe del Departamento
de Prisiones de la provincia Villa Clara, en Cuba, decidió el jueves romper su
silencio y reconoció que fue un alto funcionario del Ministerio del Interior
(MININT).
“Hasta
febrero de 1996 fui jefe [director] del Dpto. Jurídico del MININT que tenía
como función supervisar y controlar el actuar jurídico de los jefes y
funcionarios del sistema penitenciario de la provincia de Villa Clara”, afirmó
el ex coronel Crescencio Marino Rivero en un correo electrónico enviado a El
Nuevo Herald.
“Los
documentos nos los hizo un tramitador en Santa Clara. En ese momento estaba 14
años fuera del MININT, no le di importancia, ya llevaba 14 años fuera del
MININT trabajando como profesor adjunto de la universidad”, indicó Rivero.
“Aquí tampoco me lo preguntaron. Los documentos para presentar la residencia
los hizo una agencia que se dedica a eso”.
Por
otra parte, Rivero negó las acusaciones de que es responsable por cometer
abusos y maltratos en las prisiones y tildó de “mentirosos” a los tres ex
presos políticos y disidentes que lo han denunciado.
Figuras
de la oposición interna como Guillermo Fariñas, Premio Sájarov del Parlamento
Europeo 2010, y los ex presos políticos Rafael Pérez y Benito Ortega acusaron a
Rivero de negar tratamiento médico a un recluso de conciencia, proferir
amenazas de muerte y ordenar golpizas, incluso contra una mujer embarazada,
entre otros actos humillantes.
El
caso de Rivero se dio a conocer recientemente cuando dos abogados de
inmigración en Miami, Santiago Alpízar y Wilfredo Allen, contactaron a fiscales
federales para saber cómo se les pudo permitir la entrada al país a él y a su
esposa, Juana Ferrer, una ex oficial de migración, sin considerar sus antecedentes
ni los cuestionamientos de los opositores.
Rivero y Ferrer son residentes legales en Estados Unidos y aparentemente
están recibiendo beneficios con dinero de los contribuyentes, explicaron los
abogados.
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