La congresista republicana María Elvira Salazar (FL-27) admitió finalmente en español lo que antes solo concedía en inglés a los pundits antiinmigrantes de MAGA: su proyecto de Ley Dignidad excluye a un volumen crítico de refugiados e inmigrantes que llegaron al país en años recientes, lo que castiga de forma directa a cientos de miles de cubanos.: Roberto Céspedes

«Yo lo sigo diciendo… si [la persona] entró al país en los últimos cinco años tampoco puedo hacer nada», reconoció Salazar en una entrevista con el programa Al Punto de Univisión 23, el fin de semana del 4 de julio. 

La admisión opera como un revulsivo para cientos de miles de cubanos con I-220A (Order of Release on Recognizance), el estatus migratorio más vulnerable frente a la política de deportaciones aceleradas de Donald Trump. Salazar los había defendido con vehemencia durante la gestión de Joe Biden; sin embargo, el retorno de Trump a la Casa Blanca atemperó su beligerancia, reduciendo su apoyo a expresiones ocasionales de aliento dentro de una calculada ambigüedad retórica y legal.

De hecho, su propia Ley Dignidad de 2025 (H.R. 4393) dividía prácticamente a la mitad a los cubanos con I-220A que hoy viven en un sobresalto migratorio: de un lado, los contemplados en la propuesta jurídica; del otro, los abandonados a su suerte.

Se estima que entre 450 mil y 500 mil cubanos fueron admitidos en el país con el I-220A durante la administración Biden. 

En términos prácticos: en caso de aprobación, el plan de Salazar legalizaría a unos 250 mil cubanos, mientras una cifra estimada entre 180 mil y 250 mil (que arribaron después del 31 de enero de 2023) quedarían excluidos de facto de cualquier posibilidad de regularización.

Al margen de los reclamos públicos, los congresistas de Miami tuvieron una vez en sus manos la carta ganadora para resolver, de una vez y por todas, la situación de indefensión de cientos de miles de sus compatriotas que habían huido del comunismo. En junio de 2025, durante las jornadas previas a la votación final del Big Beautiful Bill (BBB) —la ley federal de reconciliación presupuestaria que constituye el pilar económico y fiscal del segundo mandato de Trump—, Salazar, Giménez y Díaz-Balart contaban con los tres votos determinantes para la aprobación del paquete. Sin embargo, en lugar de usar esa influencia para negociar protecciones o soluciones migratorias para las comunidades cubanas y venezolanas, decidieron bajar la cabeza y alinearse con la agenda de Trump.

Ni antes ni después los cubanos con I-220A tuvieron una oportunidad mejor.

Hace unas semanas, los tres congresistas de Miami volvieron a cerrar filas. Esta vez votaron a favor de una legislación que otorgó unos $70 mil millones para financiar el Departamento de Seguridad Nacional y la ofensiva de deportaciones masivas de Trump. Con su respaldo directo, ICE recibió $38.500 millones, mientras otros $26.000 millones fueron asignados a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Para entonces, ICE había convertido a Miami en la capital nacional de las detenciones de inmigrantes, con más arrestos que ninguna otra ciudad de su tamaño en Estados Unidos. Ahora las patrullas de guardias encapuchados se han incrementado todavía más. Están en vecindarios de Homestead, la Pequeña Habana, Doral, Kendall y Hialeah.

Pero nadie ha escuchado una sola palabra de Salazar, Díaz-Balart y Giménez.

Salazar a los I-220A: No puedo hacer nada por ustedes

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